De gobernadores a mafiosos: la política como trampolín al crimen
Por KUKULKÁN
SI ALGO ha quedado claro en los últimos 37 años es que en México, ser gobernador no es sólo un puesto de poder, es la antesala del crimen organizado o del desfalco multimillonario. Aquí no hay medias tintas: o te conviertes en un delincuente con fuero o, cuando se te acaba la fiesta, te largas con tus millones bien guardaditos y vives el exilio dorado. La política, para muchos, es sólo el trampolín hacia la impunidad.
NO HABLAMOS de casos aislados. Al menos 45 exgobernadores han sido acusados de corrupción, desvío de recursos, lavado de dinero y nexos con el narco. Algunos han pisado la cárcel (pero con estancia VIP), otros siguen fugados y unos cuantos más se defienden con uñas y dientes, no por demostrar su inocencia, sino por asegurarse de que sus cómplices sigan en el poder y les cubran las espaldas.
UNO de los estados con más fichas en este tablero de la corrupción es Tamaulipas, donde sus exgobernadores parecen haber tenido una suscripción premium con el crimen organizado. Tomás Yarrington, por ejemplo, se convirtió en recaudador oficial del Cártel del Golfo, pero su suerte cambió cuando fue arrestado en Italia en 2017 y extraditado a Estados Unidos, donde lo sentenciaron por lavado de dinero. Eugenio Hernández, su sucesor, también cayó por peculado y sigue en proceso judicial. Y el más reciente, Francisco García Cabeza de Vaca, ahora se pasea en Estados Unidos después de huir de una orden de captura por delincuencia organizada.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
EN VERACRUZ, Javier Duarte se robó todo lo que pudo, hasta el oxígeno de los enfermos de cáncer. Detenido en Guatemala y extraditado a México, recibió una condena de nueve años de prisión que, con buena conducta y un buen abogado, pronto podrían ser menos. Mientras tanto, su esposa, Karime Macías, sigue disfrutando de sus “cosas” en el extranjero. Y si hablamos de descaro, hay que mencionar a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, quien dejó una deuda impagable y fue detenido en España por lavado de dinero. Eso sí, como buen político mexicano, salió libre por falta de pruebas y sigue su vida sin preocupaciones.
PERO no sólo se trata de desfalcos. En algunos estados, los gobernadores han demostrado que el crimen organizado ya no necesita mandar sicarios cuando puede poner a su propio candidato en el poder. Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán, tiene el récord de ser el único mandatario que no se enteró (o no quiso enterarse) de que su hijo se reunía con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Y si su primogénito tenía línea directa con el narco, ¿qué se puede esperar del resto del gabinete? Su sucesor, Silvano Aureoles, se enfocó menos en pactar con criminales y más en vaciar las arcas públicas. Su obra maestra fue el robo descarado en la construcción de cuarteles policiales, donde se esfumaron más de 3,400 millones de pesos. Hoy, Silvano no está en la cárcel, porque está en la modalidad de “político prófugo pero indignado”, asegurando que todo es persecución política.
Y EN LA LISTA de los más recientes sospechosos aparece Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista que llegó al poder en Morelos y que, en lugar de hacer goles, terminó en fotos con líderes del crimen organizado. Pero como en México no pasa nada, sigue libre, mientras su administración se convirtió en un desastre de seguridad y violencia. En Jalisco, Enrique Alfaro, exgobernador emecista, tampoco se quedó atrás. Su gobierno ignoró o permitió que el Cártel Jalisco Nueva Generación hiciera y deshiciera en el estado. El reciente hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán dejó en evidencia la falta de acción o, peor aún, la omisión deliberada de su gobierno.
LA POLÍTICA mexicana parece tener una regla no escrita: si logras llegar a gobernador, tienes seis años para saquear, pactar y huir. La justicia puede tocar a la puerta de algunos, pero el pacto de impunidad es más fuerte. Entre ellos se cubren las espaldas, negocian su salida y, en el peor de los casos, cumplen una condena simbólica, porque las prisiones mexicanas no están hechas para los políticos, sino para los que no tienen conexiones. Y así seguimos. Los escándalos se acumulan, pero las soluciones no llegan. Cada sexenio nos deja una nueva camada de gobernadores que, tarde o temprano, serán los próximos prófugos o encarcelados. Mientras el poder siga siendo el camino más rápido a la riqueza impune, la política mexicana seguirá reclutando delincuentes en lugar de servidores públicos.
