El crematorio del horror y el silencio cómplice de la Fiscalía
Por KUKULKÁN
JALISCO vuelve a ser escenario de un escándalo macabro, esta vez por un crematorio clandestino de desaparecidos que las autoridades estatales prefirieron “no ver” durante más de cinco meses. Desde septiembre de 2024, la Guardia Nacional incautó el predio en Teuchitlán y lo puso a disposición de la Fiscalía de Jalisco. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Nada. Ni una palabra, ni un hallazgo, ni un solo indicio de que ahí ocurría algo fuera de lo normal. El horror quedó oculto hasta que las madres buscadoras hicieron su trabajo y expusieron la verdad.
EL COLECTIVO Guerreros Buscadores de Jalisco fue quien destapó la cloaca. En el rancho Izaguirre, ubicado en La Estanzuela, encontraron una escena digna de una pesadilla: cientos de objetos personales regados por el suelo, vestigios de los desaparecidos de un estado que, por si fuera poco, dejó de reportar cifras al Registro Nacional en el gobierno de Enrique Alfaro. Zapatos, pantalones, vestidos, mochilas, bolsos, documentos… todo lo que algún día perteneció a alguien que fue arrancado de su vida y arrojado al olvido.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
LA GRAN pregunta es: ¿cómo es posible que la Fiscalía de Jalisco no viera nada en septiembre, cuando ya tenía el predio asegurado? Porque cuando la Guardia Nacional realizó el operativo detuvo a 10 personas y rescató a dos víctimas. Incluso hallaron un cadáver cubierto con plástico. Y ahí se detuvo la historia. Ni rastro de hornos crematorios, ni de cientos de pertenencias, ni del infierno que realmente era ese lugar. Lo que ahora sabemos, gracias a las madres buscadoras, es que el rancho era un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí se reclutaban y se desechaban personas, un campo de exterminio en plena tierra jalisciense.
LA FISCALÍA General del Estado no sólo ignoró lo evidente, sino que esperó a que el escándalo se hiciera público para “descubrir” lo que siempre estuvo ahí. Fue apenas esta semana cuando, con una cínica parsimonia, publicó una lista de 493 objetos encontrados en el rancho, pidiendo a las familias que revisen si pertenecen a sus seres queridos. Como si esas pertenencias no hubieran estado ahí desde el primer día en que el predio fue asegurado. Como si no hubieran tenido más de cinco meses para hacer su trabajo.
AHORA, el gobernador Pablo Lemus intenta desmarcarse de su antecesor, asegurando que cooperará con la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer lo ocurrido. No faltaba más. Pero lo que nadie responde es por qué el gobierno de Alfaro, y su Fiscalía, guardaron silencio tanto tiempo. El fiscal general Alejandro Gertz ya anunció que abrirá una investigación sobre las inconsistencias de la Fiscalía de Jalisco. Habrá que ver si realmente hay consecuencias o si, como tantas veces, esto se convertirá en un expediente más en el archivo de la impunidad. Porque lo que ocurrió en Teuchitlán no es sólo una omisión, es una complicidad disfrazada de negligencia.
ESTE no es el primer caso de horror en Jalisco ni será el último. La Fiscalía estatal ha demostrado una y otra vez que su capacidad de investigar es selectiva. A veces encuentra cuerpos en fosas, a veces “no los ve”. A veces desmantela casas de seguridad, a veces ignora crematorios clandestinos. Depende de quién pregunte y de cuánto ruido haga el escándalo. Pero los desaparecidos no son cifras, no son expedientes que se pueden archivar. Son historias, familias que buscan, madres que no se rinden. Y aunque el gobierno cierre los ojos, aunque la Fiscalía haga oídos sordos, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.
